Alrededor de 30 mil motocicletas vinculadas con aplicaciones digitales prestarían servicios de transporte de pasajeros en la Ciudad de México y su zona metropolitana, de acuerdo con una estimación del sector citada por el Frente de Conductores Libres y Responsables. El gremio advierte que una eventual prohibición pondría en riesgo una fuente de ingresos para miles de hogares y pide abrir una mesa técnica con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).
La discusión ocurre mientras en el Congreso capitalino existen propuestas distintas sobre el futuro del transporte de pasajeros en motocicleta. Una iniciativa presentada el 26 de agosto plantea prohibir expresamente la prestación del servicio mediante plataformas digitales y establecer sanciones para quienes lo realicen.
Frente a ese escenario, los conductores proponen avanzar hacia un esquema regulado que contemple capacitación, seguros, cascos certificados, identificación, prevención de riesgos y mecanismos de supervisión.
¿Está prohibido actualmente transportar pasajeros en moto?
La discusión tiene como punto de partida el artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, cuyo texto señala que los servicios de transporte en motocicleta pueden prestarse en todas sus modalidades, con excepción del transporte público de pasajeros.
Sin embargo, el Congreso capitalino ha recibido diferentes propuestas para modificar el marco normativo.
La iniciativa presentada en agosto por la diputada Elizabeth Mateos Hernández propone incorporar expresamente a la ley la prohibición de utilizar motocicletas para prestar, directamente o mediante plataformas digitales, servicios de transporte privado de personas a cambio de una contraprestación. También plantea multas y la remisión de la motocicleta al depósito vehicular. Se trata de una iniciativa legislativa y no debe confundirse con una reforma ya aprobada y vigente.
En sentido distinto, durante 2026 también se presentó una iniciativa para establecer reglas de autorización y operación para el servicio de mototaxis, mientras un punto de acuerdo planteó analizar lineamientos que incluyan seguros por daños a terceros y usuarios.
Conductores advierten impacto sobre miles de fuentes de ingreso
El Frente de Conductores Libres y Responsables sostiene que una prohibición tendría consecuencias directas sobre quienes obtienen ingresos mediante esta actividad.
Según el documento difundido por la agrupación, una estimación pública del propio sector ubica en aproximadamente 30 mil las motos de aplicaciones que prestan este tipo de servicio en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
“No estamos pidiendo trabajar sin reglas. Queremos regulación, seguridad y claridad para poder seguir generando ingresos”, señaló Alfredo García, líder del Consejo Nacional Motociclista.
Motos de apps también funcionan como conexión con transporte público
Otro dato presentado por el sector apunta al papel que estos servicios tendrían en los desplazamientos de primera y última milla.
De acuerdo con estimaciones citadas por el Frente, cerca de 30% de los viajes tendría como destino un Centro de Transferencia Modal (CETRAM).
El planteamiento del gremio es que una parte de los usuarios recurre a las motocicletas para conectar posteriormente con otros sistemas de transporte.
Seguridad vial, el punto central de la discusión
Los conductores reconocen que cualquier esquema de operación debe incorporar mayores estándares de seguridad vial.
Entre las medidas que proponen se encuentran capacitación, seguros, cascos certificados, identificación de los conductores y mecanismos de supervisión.
También piden incorporar a la discusión las condiciones de infraestructura, entre ellas iluminación, señalización, mantenimiento de calles, baches y coladeras.
El debate sobre seguridad de las motocicletas no es nuevo en el Congreso capitalino. Durante 2026 también se han presentado planteamientos para regular mototaxis y establecer seguros contra daños a terceros y pasajeros.
Conductores piden una mesa técnica con SEMOVI
El Frente asegura que lleva más de seis meses intentando establecer interlocución con autoridades y legisladores.
Según su versión, durante ese periodo ha entregado documentos, participado en audiencias ciudadanas y solicitado una mesa técnica con SEMOVI.
El objetivo sería discutir condiciones de operación antes de avanzar hacia una prohibición.
La organización propone que un eventual modelo permita identificar a los conductores, verificar condiciones de seguridad y generar trazabilidad sobre los viajes.
“Detrás de cada moto de app hay una persona que trabaja y un hogar que depende de ese ingreso. No queremos elegir entre trabajo y seguridad; creemos que ambas cosas pueden coexistir con reglas claras y estándares más altos”, agregó García.
La regulación también entra en la economía de plataformas
El debate adquiere una dimensión económica por la relación entre las plataformas digitales y quienes generan ingresos mediante ellas.
El Frente señala que los trabajadores de aplicaciones ya participan en esquemas vinculados con obligaciones fiscales y seguridad social, mientras permanece abierta la discusión local sobre las condiciones bajo las cuales puede prestarse legalmente el transporte de pasajeros en motocicleta.
La discusión capitalina enfrenta así distintas alternativas regulatorias. Por un lado, existen propuestas legislativas que buscan prohibir expresamente el transporte privado de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones; por otro, se han presentado planteamientos orientados a crear reglas específicas de operación y seguridad.
Para los conductores, la diferencia entre ambos modelos puede incidir directamente en su posibilidad de continuar obteniendo ingresos mediante estas plataformas. Para las autoridades y legisladores, el debate incorpora además cuestiones de seguridad vial, supervisión y definición jurídica del servicio.
Por ahora, las cifras de 30 mil motocicletas y 30% de viajes hacia CETRAM deben entenderse como estimaciones difundidas por el sector, mientras la discusión regulatoria continúa abierta en la Ciudad de México.
