jueves, noviembre 19, 2026
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Las pérdidas económicas asociadas con fraudes organizados y estafas alcanzaron una estimación de 442 mil millones de dólares a escala mundial, de acuerdo con cifras de Global Anti-Scam Alliance (GASA) retomadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). El organismo advirtió que el uso de inteligencia artificial, deepfakes, criptomonedas y estructuras empresariales ficticias está ampliando los riesgos de fraude financiero y lavado de dinero.

Durante su conferencia de prensa del 17 de noviembre de 2026, el IMCP se sumó al llamado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer las acciones contra la delincuencia organizada y sus operaciones financieras.

La advertencia fue presentada por Silvia Rosa Matus de la Cruz, vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP, quien destacó la importancia de la profesión contable en la identificación de operaciones sospechosas y la prevención del lavado de dinero.

El posicionamiento se produjo en el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, celebrado el 15 de noviembre.

El lema de la conmemoración en 2026 fue “Sigue el dinero. Detén el fraude organizado”.

Fraudes financieros: pérdidas por 442 mil millones de dólares

El IMCP retomó una estimación de Global Anti-Scam Alliance que sitúa las pérdidas mundiales relacionadas con fraudes organizados y estafas en aproximadamente 442 mil millones de dólares.

La cifra fue presentada durante la Cumbre Mundial contra el Fraude, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la INTERPOL en Viena, en marzo de 2026.

El monto refleja la dimensión económica internacional del problema, aunque no corresponde exclusivamente a México ni debe interpretarse como pérdidas registradas durante un solo ejercicio fiscal nacional.

El comunicado también presentó referencias sobre el impacto económico del fraude cibernético en distintas regiones.

RegiónPérdidas reportadasPeriodo
Estados Unidos16 mil millones de dólares2024
Unión Europea4,200 millones de euros2024
Asia Oriental y SudorientalHasta 37 mil millones de dólares2023

Fuente: IMCP, con información de la UNODC.

Estas cifras muestran que las actividades fraudulentas afectan a distintas economías, aunque las estimaciones regionales corresponden a periodos y metodologías que no necesariamente son comparables.

LEE: Empresas con ganancias menores al 3% podrían enfrentar pagos de ISR calculados con porcentajes superiores al 6%: IMCP

¿Cuáles son los fraudes financieros más frecuentes?

El IMCP identificó distintas modalidades de fraude utilizadas para obtener recursos mediante engaños.

Entre las principales destacan:

  • Fraudes de inversión: proyectos inexistentes, criptomonedas falsas y esquemas piramidales o Ponzi.
  • Fraudes laborales: ofertas de empleo ficticias que pueden utilizarse para obtener dinero, información personal o involucrar a víctimas en otras actividades ilícitas.
  • Fraudes románticos: manipulación de personas mediante relaciones afectivas o vínculos de confianza.
  • Suplantación de identidad: utilización de información o perfiles falsos para hacerse pasar por personas o instituciones.
  • Estafas contra empresas y consumidores: engaños dirigidos a obtener recursos mediante operaciones aparentemente legítimas.

Estas modalidades pueden involucrar tanto a personas físicas como a organizaciones empresariales.

La UNODC advierte que las ganancias derivadas de estas actividades fortalecen la capacidad financiera de los grupos delictivos.

Por ello, el problema no termina cuando una víctima pierde dinero.

Los recursos obtenidos pueden incorporarse posteriormente a circuitos de lavado de dinero y financiar nuevas operaciones criminales.

Inteligencia artificial y deepfakes facilitan nuevas modalidades de engaño

Uno de los riesgos destacados por el IMCP es el uso de inteligencia artificial generativa para producir contenidos falsos.

La tecnología permite crear imágenes, videos y audios que simulan la apariencia o la voz de personas reales.

Estos materiales, conocidos como deepfakes, pueden utilizarse para construir engaños más convincentes.

Los delincuentes también pueden recurrir a chatbots para simular conversaciones, crear identidades ficticias y mantener contacto con posibles víctimas.

La UNODC identifica además el modelo denominado ciberdelito como servicio, mediante el cual grupos criminales pueden contratar herramientas y capacidades técnicas para desarrollar actividades ilícitas.

Este esquema facilita que organizaciones sin conocimientos tecnológicos avanzados puedan acceder a recursos especializados.

Para empresas e instituciones financieras, la situación incrementa la importancia de verificar identidades y establecer controles antes de autorizar operaciones.

Una llamada, un mensaje o un video aparentemente legítimo ya no constituyen, por sí solos, pruebas suficientes de identidad.

Criptomonedas y empresas fachada: mecanismos para lavar recursos

El fraude financiero también representa un riesgo para los sistemas de prevención de lavado de dinero.

El IMCP explicó que las organizaciones criminales utilizan diferentes mecanismos para ocultar el origen de sus ganancias.

Entre ellos se encuentran las cuentas utilizadas como mulas de dinero, las empresas fachada, la adquisición de inmuebles y determinadas plataformas de intercambio de criptomonedas.

Las mulas de dinero son personas o cuentas utilizadas para recibir, transferir o mover recursos de terceros, lo que puede dificultar la identificación del verdadero beneficiario de una operación.

Por su parte, las empresas fachada pueden utilizarse para aparentar actividades comerciales legítimas y encubrir movimientos financieros.

El uso de activos virtuales también puede presentar desafíos para las autoridades cuando las operaciones se realizan mediante plataformas con controles insuficientes.

Esto no significa que todas las operaciones con criptomonedas o activos virtuales sean ilícitas.

El riesgo se relaciona con su utilización para ocultar recursos provenientes de actividades delictivas.

GAFI identifica el fraude como riesgo relevante en 156 jurisdicciones

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incorporado el fraude entre sus prioridades internacionales de prevención del lavado de dinero.

De acuerdo con el informe citado por el IMCP, publicado en febrero de 2026, 156 jurisdicciones, equivalentes al 90% de las evaluadas, identifican el fraude como un riesgo importante de lavado de dinero.

El organismo también advierte sobre la utilización de deepfakes, activos virtuales y estructuras jurídicas para ocultar ganancias ilícitas.

Entre las medidas consideradas para fortalecer la prevención destacan:

  • Verificación de beneficiarios en operaciones de pago.
  • Suspensión o congelamiento de operaciones sospechosas conforme al marco aplicable.
  • Identificación del beneficiario controlador.
  • Cooperación internacional entre autoridades.
  • Mecanismos de recuperación y decomiso de recursos ilícitos.

El GAFI presentó una hoja de ruta para el periodo 2026-2028, que contempla recomendaciones y medidas de implementación progresiva.

Según el comunicado, el organismo también estima que las pérdidas globales por fraude se aproximan a 500 mil millones de dólares anuales.

Esta última cifra corresponde a una estimación distinta de los 442 mil millones de dólares reportados por GASA, por lo que no deben sumarse.

Contadores y auditores, primera línea de prevención del lavado de dinero

El IMCP destacó que los profesionales de la contabilidad pueden identificar señales de alerta mediante el análisis de información financiera.

Entre los elementos que requieren atención se encuentran las operaciones inmobiliarias atípicas, las empresas sin sustancia económica y los movimientos financieros que involucran activos virtuales.

El instituto recomendó fortalecer la debida diligencia de clientes y la identificación del beneficiario controlador.

También planteó incorporar las modalidades de fraude a las matrices de riesgo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En México, determinadas actividades inmobiliarias y operaciones con activos virtuales están sujetas a disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

El cumplimiento de las obligaciones correspondientes puede incluir avisos ante las autoridades competentes, según la actividad y los supuestos previstos en la legislación.

¿Cómo reducir el riesgo de fraude financiero?

Además de las recomendaciones dirigidas a empresas y profesionales contables, el IMCP planteó medidas preventivas para la población.

Entre ellas destacan desconfiar de inversiones con rendimientos garantizados o extraordinariamente elevados, verificar por canales oficiales la identidad de quienes solicitan dinero y evitar compartir contraseñas o códigos de seguridad.

También recomendó denunciar los intentos de fraude ante las autoridades.

Para las empresas, estas acciones deben complementarse con procedimientos de verificación, controles internos y capacitación sobre nuevas modalidades de suplantación.

Fraude organizado: un riesgo económico que exige cooperación internacional

El llamado del IMCP refleja la creciente importancia del fraude como un problema financiero y de seguridad económica.

Las estimaciones de pérdidas internacionales muestran que las estafas no son únicamente incidentes aislados contra consumidores.

El fraude también genera recursos que pueden fortalecer a organizaciones criminales y circular mediante mecanismos de lavado de dinero.

La expansión de herramientas de inteligencia artificial plantea desafíos adicionales para la identificación de personas y la autenticidad de las comunicaciones.

En este escenario, el fortalecimiento de los controles financieros, la cooperación entre autoridades y la capacitación profesional serán factores relevantes para reducir riesgos.

Para México, el desafío consiste en mejorar la detección de operaciones sospechosas y proteger tanto a las empresas como a los consumidores frente a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas.

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