La oposición de comunidades locales provocó la cancelación de proyectos de energía solar que representaban una inversión prevista de 500 millones de dólares y una capacidad conjunta cercana a 514 megawatts (MW). Los casos registrados en Yucatán e Hidalgo evidencian los obstáculos sociales y legales que pueden enfrentar las inversiones en energías renovables cuando no se garantiza la participación de las poblaciones involucradas.
De acuerdo con Sostenibilidad Global, las cancelaciones contrastan con los resultados de la Alianza por la Equidad Energética (AEE), una iniciativa que durante su primer año de operación instaló 47 sistemas solares en comunidades de mujeres mayas y pequeños productores.
Los resultados fueron presentados durante el panel Pobreza Energética en México, realizado en el encuentro México por el Clima, donde representantes de organizaciones sociales y empresas del sector energético abordaron los desafíos de financiamiento, acceso a electricidad y participación comunitaria.
La AEE proyecta superar los 60 sistemas instalados al cierre de 2026, con beneficios para más de 3 mil personas. Para 2027, su objetivo es alcanzar 100 sistemas y ampliar su red de implementación a seis estados del país.
¿Por qué se cancelaron proyectos de energía solar en México?
Dos de los casos expuestos por Sostenibilidad Global corresponden a desarrollos fotovoltaicos que enfrentaron oposición de las comunidades donde se pretendían construir.
Las controversias estuvieron relacionadas con derechos de consulta, participación comunitaria y desacuerdos sobre la utilización del territorio.
Ticul A y Ticul B: proyectos solares cancelados en Yucatán
En Yucatán, las autoridades ambientales notificaron el 14 de abril de 2026 la anulación de las autorizaciones de Ticul A y Ticul B, proyectos promovidos por la empresa Vega Solar.
La decisión ocurrió después de siete años de litigios impulsados por las comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchac, acompañadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En noviembre de 2025, un tribunal colegiado concluyó que se habían vulnerado los derechos de consulta y participación de las comunidades.
Los proyectos contemplaban una superficie de 738 hectáreas, de las cuales 603 correspondían a selva, según la información difundida por Sostenibilidad Global.
La controversia jurídica se convirtió en un obstáculo para la continuidad de las inversiones previstas.
Hidalgo cancela central fotovoltaica de 100 MW
Otro caso corresponde a la central solar de Green Park Energy en Tecozautla, Hidalgo, cuya cancelación fue informada por el gobierno estatal a finales de julio de 2026.
El proyecto contemplaba una capacidad de 100 MW y una inversión estimada de 150 millones de dólares.
De acuerdo con información periodística citada por Sostenibilidad Global, 63.1% de los habitantes de cuatro comunidades votó en contra de su construcción.
La oposición comunitaria impidió la continuidad del desarrollo energético.
La participación comunitaria se convierte en un factor para las inversiones
La cancelación de proyectos solares ha colocado la aceptación social entre los elementos que deben considerar las empresas antes de comprometer recursos.
Isabel Studer Noguez, presidenta y directora ejecutiva de Sostenibilidad Global, señaló que los conflictos con las comunidades pueden representar pérdidas económicas y retrasos prolongados.
“Estos casos muestran que la licencia social forma parte del costo de capital. Un proyecto solar sin la comunidad pierde años y dinero. La titularidad del predio, una figura legal que firme, y la gobernanza validada son condiciones de construcción y también de justicia”, afirmó.
La denominada licencia social se refiere a la aceptación y legitimidad que un proyecto obtiene entre las comunidades relacionadas con su desarrollo.
No sustituye los permisos ambientales, las autorizaciones administrativas ni los procedimientos de consulta que establezca la legislación aplicable.
Para las empresas, los conflictos territoriales pueden traducirse en mayores costos legales, modificaciones de proyectos y dificultades para recuperar inversiones realizadas durante las etapas de planeación.
Alianza por la Equidad Energética instala 47 sistemas solares en comunidades
Frente a los conflictos registrados en proyectos de gran escala, la Alianza por la Equidad Energética presentó los resultados de su primer año de operación.
La iniciativa, impulsada por Sostenibilidad Global, reúne a 20 aliados de los sectores privado, social y público.
Hasta octubre de 2026, la organización reportó la instalación de 47 sistemas solares, distribuidos de la siguiente manera:
- 37 sistemas fotovoltaicos instalados en centros comunitarios y viviendas, con participación de mujeres mayas.
- 10 sistemas de bombeo solar destinados a pequeños productores vinculados con la escuela agroecológica U Yits Ka’an, en Maní, Yucatán.
- 14 sistemas Starlink donados para facilitar la conectividad de comunidades remotas, adicionales a los 47 sistemas solares reportados.
La organización explicó que las comunidades participan directamente en la ejecución y operación de los proyectos.
Las mujeres mayas intervienen como promotoras de la energía solar, mientras que las familias colaboran en la construcción de infraestructura.
Por su parte, las empresas participantes aportan financiamiento o equipos, y Sostenibilidad Global coordina los procesos de factibilidad, capacitación y seguimiento.
Capacitación y mantenimiento para evitar dependencia tecnológica
Guillermo Rodríguez, CEO de Enértika, explicó que uno de los objetivos del modelo es que las familias puedan hacerse responsables de los sistemas instalados.
El directivo señaló que la participación comunitaria permite desarrollar capacidades para operar los equipos, realizar tareas de mantenimiento e identificar posibles fallas.
“Más allá de una donación, nuestro objetivo es que cada familia que apoyamos y capacitamos sea capaz de cuidar los sistemas y mantenerlos”, indicó.
El modelo busca que la instalación de tecnología esté acompañada de conocimientos técnicos para su utilización a largo plazo.
¿Qué requisitos deben cumplir las comunidades para recibir inversión solar?
La AEE estableció criterios de evaluación para determinar la viabilidad de los proyectos antes de destinar recursos a infraestructura.
Entre los requisitos se encuentran:
- Acreditar la titularidad del predio donde se pretende instalar el sistema.
- Contar con una figura legal que pueda celebrar convenios y administrar recursos.
- Validar la organización y gobernanza comunitaria para la operación del proyecto.
- Comprobar la viabilidad técnica de la instalación.
- Verificar los permisos correspondientes, especialmente cuando se trate de Áreas Naturales Protegidas.
Durante 2026, la organización decidió detener proyectos que no cumplían con estas condiciones.
Entre las causas identificadas estuvieron la falta de comprobantes de propiedad, la ausencia de organizaciones receptoras legalmente constituidas y problemas relacionados con autorizaciones ambientales.
Estas evaluaciones se realizaron antes de comprometer recursos para la instalación de los equipos.
Pobreza energética en México: 468 mil personas carecen de electricidad
Aunque México registra una cobertura eléctrica cercana a la totalidad de su población, todavía existen comunidades sin acceso al servicio.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía (Sener) citadas por Sostenibilidad Global, al cierre de 2024 la cobertura eléctrica nacional alcanzó 99.73%.
Sin embargo, 468 mil 150 habitantes permanecían sin electrificación.
A esta situación se suman otras condiciones relacionadas con el acceso a fuentes de energía para actividades domésticas.
El INEGI estimó que 12.6 millones de personas vivían en hogares donde se cocinaba con leña o carbón sin chimenea, una condición distinta de la falta de electricidad.
Ambos indicadores muestran dimensiones diferentes de la pobreza energética y no deben sumarse como si representaran a una misma población.
La generación distribuida supera los 4,449 MW
El crecimiento de la generación eléctrica a pequeña escala también forma parte del panorama energético nacional.
Según el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, la capacidad de generación distribuida alcanzó 4,449.79 MW.
De ese total, más de 99.4% corresponde a sistemas solares fotovoltaicos.
La expansión de esta tecnología ha permitido incrementar la capacidad instalada, aunque el acceso al financiamiento continúa siendo un desafío para determinadas comunidades y organizaciones productivas.
Cooperativas enfrentan dificultades para financiar paneles solares
Sostenibilidad Global identificó el financiamiento como una de las principales barreras para ampliar el acceso a sistemas solares entre pequeños productores y cooperativas.
De acuerdo con la organización, México cuenta con más de 6 mil cooperativas productivas, pero la mayoría enfrenta dificultades para acceder a esquemas tradicionales de financiamiento solar.
Ante esta situación, la Alianza por la Equidad Energética desarrolló un simulador que permite comparar alternativas de financiamiento.
La herramienta está orientada a facilitar la evaluación de proyectos por parte de organizaciones que requieren identificar esquemas adecuados a sus condiciones económicas y administrativas.
“México tiene recursos solares y capacidad instalada, pero eso no garantiza el acceso. Para que la transición llegue a comunidades y cooperativas, el financiamiento debe reconocer su gobernanza, sus ahorros y sus ingresos como parte de su capacidad de pago”, señaló Studer Noguez.
La información presentada no precisa los montos de financiamiento disponibles ni las condiciones de crédito contempladas por el simulador.
Honnold Foundation y Sostenibilidad Global firman convenio de colaboración
Durante el encuentro México por el Clima, Sostenibilidad Global y Honnold Foundation formalizaron un convenio de colaboración para continuar impulsando proyectos comunitarios de energía solar.
El acuerdo fue firmado por Isabel Studer, directora de Sostenibilidad Global, y Cynthia Arellano, directora de Donaciones y Asociaciones de Beneficiarios de Honnold Foundation.
Como parte de la colaboración, la fundación realizó un donativo destinado a fortalecer el trabajo desarrollado con U Yits Ka’an, en Maní, Yucatán, y facilitar la incorporación de otros pequeños productores.
La información difundida no especifica el monto del donativo.
Arellano destacó la importancia de que las comunidades participen en las decisiones relacionadas con los proyectos energéticos instalados en sus territorios.
La AEE busca instalar 100 sistemas solares para 2027
La Alianza por la Equidad Energética estableció una ruta de expansión para los próximos meses.
Al cierre de 2026, la organización prevé superar los 60 sistemas solares instalados y beneficiar a más de 3 mil personas.
Para 2027, su objetivo es alcanzar 100 sistemas, con la participación de 10 socios implementadores en seis estados.
Estas cifras corresponden a metas anunciadas por la organización y no a resultados alcanzados.
El crecimiento proyectado estará relacionado con la disponibilidad de financiamiento, la participación de organizaciones locales y el cumplimiento de las condiciones legales y técnicas necesarias para desarrollar los proyectos.
La transición energética enfrenta un desafío de inversión y participación social
Los casos presentados por Sostenibilidad Global muestran dos escenarios distintos para el desarrollo de la energía solar en México.
Por un lado, proyectos de gran escala que enfrentaron oposición comunitaria y terminaron cancelados, pese a representar inversiones millonarias.
Por otro, instalaciones de menor capacidad que incorporan a las comunidades en la planeación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.
La diferencia no permite concluir que todos los proyectos comunitarios estén libres de riesgos o que las centrales de gran escala sean inviables. Sin embargo, la certeza sobre la propiedad de los terrenos, los permisos y la participación de las comunidades constituye un factor relevante para evaluar inversiones energéticas.
Para el sector solar, el desafío no se limita a incrementar la capacidad instalada. También consiste en desarrollar proyectos financieramente viables, legalmente sustentados y capaces de generar beneficios para las poblaciones donde se construyen.
