El Gobierno de México prepara un decreto para regular las redes sociales y establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos relacionados con violencia, acoso, explotación sexual y conductas que puedan poner en riesgo su integridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes 9 de octubre que el documento podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre el 13 y el 14 de octubre de 2026. La propuesta contempla mecanismos de verificación y clasificación por edad, herramientas de supervisión parental, configuraciones de privacidad y procedimientos para denunciar publicaciones peligrosas.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó ocho obligaciones que las empresas tecnológicas deberán incorporar para fortalecer la seguridad de los menores en sus servicios digitales.
El anuncio ocurre después de los hechos de violencia registrados en Coahuila y forma parte de las medidas gubernamentales orientadas a prevenir la difusión de contenidos que promuevan agresiones, particularmente en el entorno escolar.
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¿Qué contenidos estarán restringidos para menores en redes sociales?
La propuesta establece que las plataformas deberán impedir que niñas, niños y adolescentes accedan, sean expuestos o reciban recomendaciones de contenidos que promuevan conductas violentas o representen riesgos para su bienestar.
Entre las categorías contempladas se encuentran:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual.
- Suicidio y autolesiones deliberadas.
- Contenidos que promuevan trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Material sexual explícito.
- Conductas ilícitas.
El planteamiento busca que las plataformas asuman una mayor responsabilidad en la identificación y gestión de publicaciones que puedan afectar a menores de edad.
La regulación anunciada se enfoca en la protección de este grupo de usuarios, por lo que no debe interpretarse como una prohibición general de todos estos contenidos para cualquier persona, independientemente de su edad.
Las 8 obligaciones que deberán cumplir las plataformas digitales
El decreto contempla responsabilidades para las empresas que operan redes sociales y otros servicios digitales.
De acuerdo con la información presentada por la Consejería Jurídica, las medidas buscan incorporar mecanismos preventivos directamente en el funcionamiento de las plataformas.
1. Identificar y retirar contenido violento
Las empresas deberán establecer mecanismos para detectar y eliminar cuentas o publicaciones que promuevan o generen distintas formas de violencia.
La medida contempla una participación más activa de las plataformas en la revisión de contenidos que representen riesgos para los menores.
2. Clasificar contenidos según la edad
Las redes sociales tendrán que implementar sistemas que permitan distinguir qué publicaciones son adecuadas para niñas, niños y adolescentes.
Esta clasificación deberá contribuir a restringir la exposición de menores a materiales que no correspondan a su edad.
3. Facilitar herramientas de supervisión parental
Las plataformas deberán proporcionar herramientas accesibles para que madres, padres y tutores puedan supervisar la actividad digital de los menores.
El objetivo es facilitar la administración de las experiencias digitales y el acceso a determinadas funciones o contenidos.
4. Habilitar mecanismos para denunciar publicaciones
Los usuarios deberán contar con opciones para reportar cuentas, publicaciones y contenidos que representen riesgos o promuevan conductas violentas.
Estas herramientas formarían parte de los mecanismos de respuesta de las empresas ante posibles situaciones de riesgo.
5. Activar configuraciones de privacidad por defecto
Las cuentas pertenecientes a menores de edad deberán contar desde su creación con las configuraciones de privacidad y seguridad más protectoras.
Esto evitaría que la protección inicial dependa exclusivamente de que el usuario o sus tutores modifiquen manualmente las opciones disponibles.
6. Mantener comunicación con las autoridades las 24 horas
Las empresas deberán establecer un canal de comunicación permanente con las autoridades investigadoras, disponible durante las 24 horas del día y los 365 días del año.
El mecanismo permitirá atender requerimientos relacionados con investigaciones y posibles riesgos identificados en los servicios digitales.
7. Preservar y proporcionar evidencia digital
Las plataformas tendrán la obligación de conservar y entregar información relacionada con investigaciones, cuando sea solicitada por las autoridades competentes.
El anuncio contempla esta medida como parte de la cooperación entre empresas tecnológicas e instituciones responsables de investigar posibles delitos.
8. Alertar sobre amenazas contra la vida
Cuando las plataformas detecten contenidos que representen amenazas contra la vida de las personas, deberán informar de inmediato a las autoridades.
La obligación busca facilitar una respuesta institucional ante situaciones de riesgo identificadas en el entorno digital.
¿Cómo afectará la regulación a Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas?
Las medidas anunciadas están dirigidas a las empresas que operan redes sociales y servicios digitales utilizados por menores de edad.
Aunque el planteamiento no detalla obligaciones específicas por compañía, su aplicación podría requerir ajustes en los mecanismos de moderación, clasificación de contenidos, administración de cuentas y atención a reportes.
Entre los procesos que podrían verse involucrados se encuentran la identificación de usuarios menores de edad, las herramientas de supervisión parental y los canales de comunicación con las autoridades.
El alcance preciso de las obligaciones dependerá del texto definitivo del decreto, incluidos los servicios comprendidos y las condiciones de cumplimiento.
¿Qué impacto económico tendrá la nueva regulación de redes sociales?
Desde una perspectiva empresarial, la propuesta introduce nuevas exigencias operativas para las compañías que administran plataformas digitales.
La implementación de mecanismos de clasificación por edad, supervisión parental, atención permanente a las autoridades y conservación de información podría requerir recursos tecnológicos, personal especializado y procedimientos adicionales de cumplimiento.
Sin embargo, la información presentada no incluye estimaciones sobre los costos que enfrentarán las empresas, ni establece cuánto tendrían que invertir para adaptar sus sistemas.
Tampoco se han detallado en el material difundido las posibles sanciones económicas por incumplimiento.
Por ello, no es posible determinar todavía el impacto financiero de la regulación sobre las plataformas que operan en México.
Protección desde el diseño y nuevas medidas de salud mental
La consejera jurídica explicó que las herramientas de seguridad deberán incorporarse desde el diseño de las plataformas, en lugar de depender exclusivamente de acciones posteriores de los usuarios.
El planteamiento busca que las cuentas de menores cuenten inicialmente con mecanismos de protección y que las empresas dispongan de herramientas para responder ante situaciones de riesgo.
La estrategia también contempla la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud en acciones de prevención y promoción del bienestar emocional.
Entre los recursos mencionados se encuentran el programa ABC de las Emociones y la Línea de la Vida, 800 911 2000, que brinda orientación y apoyo psicológico.
¿Cuándo entrará en vigor el decreto para regular redes sociales?
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el decreto podría publicarse en el DOF el martes 13 o miércoles 14 de octubre de 2026.
Hasta el anuncio del 9 de octubre, las disposiciones se encontraban en preparación.
Por tanto, las ocho obligaciones presentadas todavía no deben considerarse nuevas disposiciones vigentes.
La publicación oficial permitirá conocer el alcance jurídico de las medidas, los sujetos obligados, los mecanismos de aplicación y las fechas previstas para su cumplimiento.
Las plataformas digitales enfrentarán mayores responsabilidades
La propuesta del Gobierno de México busca modificar la manera en que las empresas tecnológicas administran la exposición de menores a contenidos potencialmente dañinos.
Las obligaciones anunciadas abarcan desde la configuración inicial de privacidad hasta la conservación de evidencia y la comunicación permanente con autoridades.
Para las plataformas, el principal cambio sería incorporar estos mecanismos como parte de sus procesos operativos y de cumplimiento, mientras que para las familias se ampliarían las herramientas de supervisión y denuncia.
El alcance de la regulación dependerá de la versión definitiva del decreto. También será relevante conocer cómo se aplicarán las medidas de verificación de edad y protección de datos personales, así como las garantías para evitar restricciones indebidas a contenidos legítimos.
La publicación del documento será determinante para evaluar las nuevas responsabilidades legales y los costos de cumplimiento que podrían enfrentar las empresas tecnológicas en México.
