La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la solicitud del Senado de la República para que los legisladores pudieran utilizar las salas de protocolo destinadas a diplomáticos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la petición fue recibida por la Cancillería, pero aseguró que su administración no permitirá privilegios especiales para funcionarios públicos.
Durante su conferencia matutina del 23 de octubre de 2026, la mandataria dio lectura a la respuesta oficial de la SRE, con la que confirmó la existencia del documento enviado desde la Cámara Alta.
“Se confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la respuesta de la Cancillería fue negativa”, señaló la presidenta al citar el mensaje de la dependencia.
La controversia comenzó después de que se difundiera un oficio fechado el 5 de octubre, firmado por Daniel Sibaja, secretario de la Mesa Directiva del Senado, en el que se solicitaban facilidades para que los legisladores utilizaran espacios reservados para la atención protocolaria de funcionarios diplomáticos.
La petición provocó cuestionamientos sobre el uso de instalaciones exclusivas, los privilegios de los servidores públicos y los mecanismos de autorización de solicitudes institucionales.
¿Por qué los senadores solicitaron acceso a las salas VIP del AICM?
El documento dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores planteaba que los integrantes del Senado pudieran utilizar las salas de protocolo del aeropuerto capitalino para facilitar sus desplazamientos.
La solicitud argumentaba que el acceso a estos espacios contribuiría al cumplimiento de las actividades parlamentarias y a una mejor coordinación de los viajes institucionales.
En el oficio se establece:
“La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a una adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos”.
El planteamiento buscaba justificar el acceso mediante las necesidades operativas de los legisladores, quienes realizan traslados por motivos relacionados con sus responsabilidades públicas.
Sin embargo, la petición generó controversia debido a que las salas diplomáticas cuentan con condiciones de acceso diferentes a las utilizadas habitualmente por los pasajeros.
La información difundida no precisa cuántos senadores pretendían utilizar estas instalaciones, con qué frecuencia ni si existía una estimación económica de los servicios solicitados.
¿Qué privilegios ofrecen las salas diplomáticas del AICM?
Los salones de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están destinados a la atención de personas que cumplen determinadas funciones diplomáticas y protocolarias.
A diferencia de las salas comerciales de espera, estos espacios pueden contar con mecanismos específicos de acceso y atención.
La senadora Claudia Ayala, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó la solicitud y señaló que el beneficio no se limitaría a disponer de un lugar distinto para esperar un vuelo.
“No solamente es esperar en una sala distinta, es tener un acceso diferente, exclusivo, para no hacer filas. Es para diplomáticos, nunca lo hemos tenido los legisladores”.
La legisladora también difundió el documento en sus redes sociales y se deslindó de haber participado en la petición.
Diferencias señaladas entre el acceso ordinario y el protocolo diplomático
| Aspecto | Acceso ordinario | Beneficio señalado en la controversia |
|---|---|---|
| Espacio de espera | Áreas disponibles para pasajeros | Salón de protocolo diplomático |
| Acceso | Procedimientos habituales del aeropuerto | Acceso diferenciado o exclusivo |
| Filas | Procesos ordinarios aplicables | Posibilidad de evitar determinadas filas, según lo señalado por la senadora |
| Usuarios | Pasajeros en general | Personas autorizadas para atención diplomática o protocolaria |
La comparación recoge las características mencionadas en la información difundida. No constituye una descripción exhaustiva de los servicios oficiales del AICM ni implica que los usuarios de salas diplomáticas estén exentos de los controles de seguridad aplicables.
Sheinbaum: “Cero privilegios” para los funcionarios públicos
Al confirmar que la SRE rechazó la petición, Claudia Sheinbaum reiteró que los servidores públicos no deben recibir beneficios especiales derivados de sus cargos.
La presidenta sostuvo que la solicitud era incompatible con la política de austeridad y eliminación de privilegios que defiende su administración.
“Claro que no se permitiría. Cero privilegios. Que no se nos olvide nunca de dónde venimos; nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”.
La declaración se produjo después de que el caso generara cuestionamientos sobre la conveniencia de otorgar acceso preferencial a los legisladores en instalaciones destinadas a otras funciones institucionales.
Con la respuesta de la Cancillería, la solicitud quedó rechazada, por lo que la información disponible no acredita que se haya autorizado el uso de las salas diplomáticas a los senadores.
Senado reconoce un “error garrafal” por la solicitud
La controversia también provocó reacciones dentro del propio Senado.
Higinio Martínez, identificado en la información difundida como presidente del Senado, calificó la solicitud como un “error garrafal” y aseguró que no existió una autorización formal de la Mesa Directiva para presentar la petición.
De acuerdo con su explicación, durante una reunión interna un legislador planteó la posibilidad de utilizar las salas de protocolo.
Sin embargo, sostuvo que el tema fue abordado como una inquietud y no como una propuesta que hubiera sido aprobada formalmente.
“Por supuesto que no lo autoricé, ni la Mesa Directiva autorizó solicitar al secretario de Relaciones Exteriores algunas facilidades para el uso del salón en el aeropuerto”.
Martínez señaló que durante la conversación también se mencionó la posibilidad de utilizar estos espacios por razones de salud y que se habló de una eventual renta.
No obstante, afirmó que no se tomó un acuerdo para solicitar formalmente el acceso.
¿Quién firmó la solicitud enviada a la Cancillería?
El oficio que originó la controversia está fechado el 5 de octubre de 2026 y fue firmado por Daniel Sibaja, secretario de la Mesa Directiva del Senado.
El documento fue dirigido al canciller Roberto Velasco.
La existencia de una solicitud firmada y enviada a la SRE contrasta con las declaraciones de Higinio Martínez sobre la ausencia de una autorización formal del órgano legislativo.
Hasta la información difundida, no se ha precisado qué procedimiento interno permitió emitir el oficio ni si el Senado realizará una revisión administrativa para determinar responsabilidades.
¿La solicitud de salas VIP habría generado un gasto público?
Uno de los aspectos relevantes de la controversia es el posible uso de recursos o servicios institucionales para facilitar los viajes de los legisladores.
Sin embargo, la información disponible no establece que se haya realizado algún pago, contratado un servicio o destinado presupuesto público para utilizar las salas diplomáticas.
La solicitud tampoco incluye, en los fragmentos difundidos, una estimación de costos.
Higinio Martínez mencionó que durante la conversación interna se planteó la posibilidad de rentar los espacios, pero no se acreditó la existencia de un contrato.
Por lo tanto, no es posible afirmar que el Senado haya generado un gasto por este concepto.
La controversia se concentra en la petición de acceso preferencial y en las condiciones bajo las cuales se pretendía utilizar instalaciones reservadas para actividades diplomáticas.
Tres aspectos pendientes de aclaración
Aunque la Cancillería confirmó el rechazo, permanecen preguntas sobre el proceso que originó el oficio:
- Autorización interna: si existió algún mecanismo administrativo que respaldara la emisión del documento.
- Alcance de la solicitud: cuántos legisladores podrían haber utilizado los espacios y bajo qué condiciones.
- Costos y operación: si se contemplaba una contraprestación económica o alguna modalidad específica de acceso.
Estos elementos resultan relevantes para conocer cómo se gestionan las solicitudes institucionales y qué controles existen para autorizar servicios destinados a funcionarios públicos.
Austeridad y rendición de cuentas: el debate detrás de las salas VIP
El caso reabrió la discusión sobre los beneficios asociados con el ejercicio de cargos públicos.
La petición del Senado fue presentada como una medida para facilitar las actividades parlamentarias, mientras que sus críticos cuestionaron la posibilidad de establecer condiciones de acceso distintas a las de los pasajeros ordinarios.
Desde la perspectiva de la administración pública, el debate involucra la necesidad de distinguir entre facilidades justificadas por funciones oficiales y beneficios que pueden interpretarse como privilegios personales.
También plantea interrogantes sobre los procedimientos internos para solicitar servicios entre instituciones federales.
En este caso, la Cancillería rechazó la petición y la presidenta respaldó públicamente esa decisión.
La información proporcionada no identifica una disposición legal específica que hubiera obligado a la SRE a conceder el acceso solicitado.
¿Qué pasará con la solicitud de los senadores?
La confirmación de la Secretaría de Relaciones Exteriores establece que el Senado no obtuvo autorización para utilizar las salas diplomáticas del AICM mediante la petición presentada el 5 de octubre.
Por su parte, las declaraciones de Higinio Martínez muestran que dentro de la Cámara Alta existe una controversia sobre la forma en que se elaboró y envió el documento.
Hasta el momento, la información difundida no señala sanciones administrativas, investigaciones formales ni acuerdos posteriores relacionados con el oficio.
El caso deja abierta la discusión sobre los controles que deben existir para gestionar solicitudes institucionales y evitar que se confundan las necesidades operativas del servicio público con beneficios exclusivos.
La decisión de la SRE cierra la posibilidad de acceso solicitada por los senadores, pero mantiene pendiente la aclaración de cómo se presentó un oficio oficial que, según las declaraciones de la dirigencia legislativa, no había sido autorizado formalmente.
