México se ubicó en el puesto 125 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), con una calificación de 0.39 puntos sobre una escala de cero a uno, por debajo del promedio mundial de 0.55. El resultado representa un deterioro de 8.4% respecto a 2021 y evidencia rezagos en justicia penal, seguridad pública y mecanismos de control del poder gubernamental.
El informe también colocó a México en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe, así como en el puesto 43 de 44 economías de ingreso mediano alto, uno de los desempeños más bajos dentro de su grupo económico.
Entre los ocho factores evaluados, la justicia penal registró el mayor deterioro, con una caída de 21.2% durante los últimos cinco años. En contraste, el gobierno abierto obtuvo la calificación más alta del país, aunque también presentó un retroceso.
Los resultados muestran las dificultades que enfrenta México para garantizar la aplicación efectiva de las leyes, el funcionamiento de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales.
¿Qué lugar ocupa México en el Índice de Estado de Derecho 2026?
El World Justice Project evalúa las condiciones del Estado de derecho mediante indicadores relacionados con el funcionamiento de las instituciones, la seguridad, la corrupción y el acceso a la justicia.
La medición utiliza una escala de cero a uno, donde los valores más altos representan mejores condiciones de Estado de derecho.
En la edición 2026, México obtuvo 0.39 puntos, una diferencia de 0.16 unidades frente al promedio global de 0.55.
Posición de México en el Estado de derecho
| Indicador | Resultado de México |
|---|---|
| Posición mundial | 125 de 143 países |
| Calificación general | 0.39 de 1.00 |
| Promedio mundial | 0.55 |
| Variación respecto a 2021 | -8.4% |
| Posición en América Latina y el Caribe | 28 de 32 |
| Posición entre economías de ingreso mediano alto | 43 de 44 |
La ubicación de México entre las últimas posiciones regionales también refleja las diferencias institucionales que existen dentro de América Latina.
De acuerdo con los datos proporcionados, el país se encuentra entre las naciones que registraron un mayor deterioro en su calificación durante el periodo 2021-2026.
Sin embargo, el retroceso de 8.4% corresponde a la puntuación del índice y no significa que México haya descendido ese mismo porcentaje de posiciones en la clasificación mundial.
Justicia penal en México cae 21.2% y ocupa el lugar 139 mundial
El sistema de justicia penal presentó el resultado más desfavorable entre los factores evaluados.
México obtuvo una calificación de 0.22 puntos, lo que lo colocó en el puesto 139 de 143 países, apenas cuatro lugares por encima de la última posición.
La puntuación representa una disminución de 21.2% respecto a 2021, la mayor caída registrada entre los componentes destacados del informe.
El factor de justicia penal evalúa aspectos relacionados con la capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar delitos, así como las garantías aplicables durante los procedimientos.
Su desempeño es relevante porque el acceso a mecanismos efectivos de justicia forma parte de las condiciones necesarias para proteger los derechos de las personas y garantizar el cumplimiento de la ley.
¿Cuánto se deterioraron los principales factores del Estado de derecho?
| Factor evaluado | Calificación 2026 | Variación 2021-2026 | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Justicia penal | 0.22 | -21.2% | 139 de 143 |
| Límites al poder gubernamental | 0.39 | -11.6% | 109 de 143 |
| Gobierno abierto | 0.54 | -9.9% | 57 de 143 |
| Derechos fundamentales | 0.46 | -6.4% | 96 de 143 |
| Orden y seguridad | 0.50 | -5.7% | 132 de 143 |
Tabla elaborada con los factores y cifras incluidos en la información proporcionada. No se presentan valores de los otros tres factores porque no fueron especificados en el material.
La caída de la justicia penal supera ampliamente el deterioro de los demás indicadores señalados.
Aunque las calificaciones permiten comparar dimensiones institucionales, cada factor mide aspectos distintos y no debe interpretarse como una equivalencia directa entre seguridad, transparencia y funcionamiento judicial.
Seguridad en México: lugar 132 de 143 países
Otro de los resultados desfavorables corresponde al factor de orden y seguridad, en el que México alcanzó 0.50 puntos, con una reducción de 5.7% respecto a 2021.
Pese a que su calificación numérica es superior a la de justicia penal, el país se ubicó en el puesto 132 mundial y en el lugar 30 de 32 países de América Latina y el Caribe.
Este componente considera distintas condiciones relacionadas con la seguridad de las personas, el control del crimen y la ausencia de violencia.
Indicadores de orden y seguridad en México
| Indicador | Calificación |
|---|---|
| Orden y seguridad, calificación general | 0.50 |
| Control efectivo del crimen | 0.38 |
| Capacidad para limitar conflictos civiles | 0.18 |
| Ausencia de violencia para resolver agravios | 0.20 |
Los resultados muestran diferencias entre los componentes evaluados.
El control efectivo del crimen obtuvo 0.38 puntos, mientras que la capacidad para limitar conflictos civiles registró 0.18.
Por su parte, la ausencia de violencia para resolver agravios alcanzó 0.20 puntos.
Estas calificaciones reflejan las condiciones consideradas por la metodología del WJP, pero no equivalen directamente a tasas de homicidio, incidencia delictiva o número de denuncias.
Para evaluar esos fenómenos se requieren estadísticas específicas de seguridad pública.
Límites al poder gubernamental retroceden 11.6%
La capacidad de las instituciones para establecer controles sobre el ejercicio del poder también presentó un deterioro.
En el factor de límites al poder gubernamental, México obtuvo 0.39 puntos, con una disminución de 11.6% entre 2021 y 2026.
El resultado ubicó al país en el puesto 109 de 143 naciones.
Este componente analiza la existencia y efectividad de mecanismos institucionales para evitar el ejercicio arbitrario del poder.
La separación de funciones, la supervisión de las decisiones públicas y los mecanismos de rendición de cuentas forman parte de las condiciones relacionadas con esta dimensión del Estado de derecho.
La disminución registrada por México coloca a los contrapesos institucionales entre los factores con mayores retrocesos durante el periodo analizado.
¿Por qué importan los contrapesos institucionales?
Los mecanismos de control del poder gubernamental permiten establecer límites a las decisiones de las autoridades y ofrecen vías para revisar su actuación.
Desde una perspectiva económica, contar con reglas claras y mecanismos efectivos para hacerlas cumplir puede favorecer la previsibilidad de las decisiones empresariales.
Por ejemplo, las compañías necesitan conocer las condiciones bajo las cuales se otorgan permisos, se aplican regulaciones y se resuelven controversias.
Sin embargo, el índice no cuantifica en la información proporcionada pérdidas de inversión, costos empresariales o efectos directos sobre el crecimiento económico derivados de este retroceso.
Por ello, cualquier relación entre el deterioro institucional y los resultados económicos debe analizarse mediante información adicional.
Derechos fundamentales: México obtiene 0.46 puntos
En materia de derechos fundamentales, México registró una calificación de 0.46, equivalente a una caída de 6.4% frente a 2021.
El país ocupó el lugar 96 mundial y el puesto 27 en América Latina y el Caribe.
Dentro de este factor, algunos de los resultados más bajos se relacionaron con las garantías procesales y la protección de la seguridad personal.
Calificaciones de derechos fundamentales en México
| Indicador | Puntuación |
|---|---|
| Derechos fundamentales, calificación general | 0.46 |
| Debido proceso y derechos de las personas acusadas | 0.26 |
| Derecho a la vida y la seguridad | 0.37 |
| Igualdad de trato y ausencia de discriminación | 0.38 |
| Libertad de opinión y expresión | 0.46 |
El indicador de debido proceso y derechos de las personas acusadas obtuvo 0.26 puntos, uno de los resultados más bajos dentro de este apartado.
Le siguieron el derecho a la vida y la seguridad, con 0.37, y la igualdad de trato y ausencia de discriminación, con 0.38.
La libertad de opinión y expresión alcanzó 0.46 puntos.
Estas mediciones permiten identificar diferencias en la protección de los derechos evaluados, aunque no sustituyen los análisis jurídicos específicos sobre cada materia.
Gobierno abierto, el mejor indicador de México pese a una caída de 9.9%
El gobierno abierto fue el componente con la puntuación más alta entre los ocho factores del índice para México.
El país obtuvo 0.54 puntos, lo que lo colocó en el lugar 57 de 143 países y en el puesto 12 de 32 economías de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, su calificación registró una disminución de 9.9% respecto a 2021.
Este factor considera aspectos relacionados con el acceso a información gubernamental, la participación ciudadana y la apertura de las instituciones públicas.
Aunque México presenta una mejor posición relativa en este rubro que en justicia penal o seguridad, el retroceso muestra que también existen desafíos en los mecanismos de transparencia y participación.
¿Qué revela la diferencia entre gobierno abierto y justicia penal?
Las puntuaciones muestran una brecha importante entre ambas dimensiones.
Mientras el gobierno abierto obtuvo 0.54 puntos, la justicia penal alcanzó únicamente 0.22.
La diferencia es de 0.32 unidades en la escala utilizada por el WJP.
Sin embargo, esto no significa que el gobierno abierto compense las deficiencias de la justicia penal.
Ambos factores evalúan condiciones diferentes y contribuyen de manera independiente a la medición general del Estado de derecho.
¿Cómo afecta la debilidad del Estado de derecho a las empresas y la inversión?
El desempeño institucional es una variable relevante para el entorno de negocios porque las empresas dependen de reglas, autoridades y mecanismos de solución de controversias.
La capacidad de hacer cumplir contratos, resolver conflictos y aplicar regulaciones de manera previsible forma parte de las condiciones que pueden influir en las decisiones de inversión.
En este contexto, los resultados de México plantean desafíos en distintos ámbitos.
La justicia penal, con una calificación de 0.22, refleja debilidades en uno de los componentes del sistema de justicia.
El orden y la seguridad, con 0.50 puntos y una posición mundial de 132, representa otra dimensión relevante para la operación de empresas y la protección de personas y bienes.
Los límites al poder gubernamental, con 0.39 puntos, se relacionan con la capacidad institucional para establecer controles y supervisar las decisiones públicas.
No obstante, el informe presentado no ofrece cifras sobre el impacto de estos resultados en el costo del financiamiento, la inversión extranjera directa o la productividad.
La información permite identificar riesgos institucionales, pero no calcular automáticamente sus consecuencias económicas.
¿Qué mide el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project?
El Índice de Estado de Derecho del WJP compara las condiciones institucionales de distintos países mediante ocho factores.
La metodología contempla:
- Límites al poder gubernamental: mecanismos de control y supervisión de las autoridades.
- Ausencia de corrupción: condiciones relacionadas con el uso indebido del poder público.
- Gobierno abierto: transparencia, información pública y participación.
- Derechos fundamentales: protección de libertades y garantías individuales.
- Orden y seguridad: condiciones de seguridad y control del crimen.
- Cumplimiento regulatorio: aplicación efectiva de las disposiciones legales.
- Justicia civil: acceso y funcionamiento de mecanismos para resolver controversias civiles.
- Justicia penal: funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar y procesar delitos.
La calificación general permite comparar el desempeño de los países, mientras que los resultados por factor ayudan a identificar áreas específicas de fortaleza o debilidad.
En el caso de México, la información disponible destaca particularmente los retrocesos de justicia penal, controles al poder y gobierno abierto.
México enfrenta el desafío de recuperar la confianza institucional
La posición 125 de 143 países coloca a México entre las economías con menor calificación en el Índice de Estado de Derecho 2026.
El deterioro acumulado de 8.4% desde 2021 se presenta junto con retrocesos relevantes en justicia penal, límites al poder gubernamental, derechos fundamentales y seguridad.
El resultado más desfavorable corresponde a la justicia penal, cuya calificación cayó 21.2% y ubicó al país en el lugar 139 mundial.
Aunque el gobierno abierto se mantiene como el componente mejor evaluado, también perdió terreno durante el periodo.
Para México, los resultados plantean la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley, los mecanismos de supervisión institucional y la capacidad de las autoridades para garantizar derechos y seguridad.
Desde el ámbito empresarial, estas condiciones son relevantes para la certidumbre jurídica y el funcionamiento de los mercados.
La recuperación del Estado de derecho dependerá de mejoras verificables en las instituciones, especialmente en aquellos factores donde México registra sus mayores rezagos frente al resto del mundo.
