México está entrando en una transformación demográfica que podría modificar las condiciones bajo las cuales se financian pensiones, salud y gasto social durante las próximas décadas. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestran una población con una edad mediana cercana a los 32 años y confirman el avance del proceso de envejecimiento; la encuesta, levantada en más de 7.3 millones de viviendas, actualiza el panorama demográfico entre censos.
Dentro de este escenario, el análisis proporcionado destaca una tasa global de fecundidad de 1.2 hijos por mujer para 2024, frente a 1.9 en 2019. De confirmarse esta trayectoria frente a las proyecciones demográficas utilizadas previamente, México estaría transitando hacia una estructura poblacional con menos niños y jóvenes y, posteriormente, una menor proporción de trabajadores respecto de los adultos mayores.
El problema no consiste solamente en que nazcan menos mexicanos. La pregunta para las finanzas públicas es quién sostendrá, dentro de dos o tres décadas, un sistema que necesitará financiar las prestaciones de una población más envejecida.
México se aproxima a una edad mediana de 32 años
La transformación ya puede observarse en la estructura de edades.
El sistema de consulta de la Encuesta Intercensal 2025 sitúa la edad mediana nacional en 31.9 años, mientras el índice de envejecimiento alcanza 68.2 adultos mayores por cada 100 niñas y niños. La razón de dependencia asociada a la vejez se ubica en 14.8.
La Encuesta Intercensal tiene como momento de referencia el 15 de octubre de 2025 y proporciona estimaciones nacionales, estatales y municipales. El INEGI señala que sus resultados permiten analizar componentes de la dinámica demográfica como fecundidad, mortalidad y migración.
Una menor fecundidad no provoca inmediatamente una reducción de la población. El efecto se acumula durante décadas conforme generaciones menos numerosas avanzan hacia las edades productivas.
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¿Por qué tener menos hijos puede convertirse en un problema financiero?
La tasa global de fecundidad estima el número de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva bajo las tasas observadas en un periodo determinado.
El análisis proporcionado plantea que México pasó de 1.9 a 1.2 hijos por mujer entre las mediciones consideradas para 2019 y 2024.
Una reducción de esa magnitud transforma progresivamente la pirámide poblacional:
- Menos nacimientos reducen las nuevas generaciones.
- Esas generaciones llegarán al mercado laboral dentro de aproximadamente dos décadas.
- Una población de mayor edad incrementará las necesidades asociadas con pensiones, salud y cuidados.
- La relación entre trabajadores y adultos mayores puede volverse menos favorable.
- La informalidad laboral puede limitar adicionalmente la base de trabajadores que cotizan regularmente a la seguridad social.
El efecto relevante para las finanzas públicas aparece cuando ambas tendencias comienzan a encontrarse: más adultos mayores y generaciones relativamente menos numerosas incorporándose a la economía.
Pensiones podrían alcanzar 2.48 billones de pesos en 2027
La presión demográfica ocurre mientras el gasto pensionario ya ocupa una proporción creciente de los recursos públicos.
De acuerdo con las estimaciones presupuestarias incluidas en el análisis proporcionado, el gasto total en pensiones podría alcanzar 2.48 billones de pesos en 2027, equivalente a alrededor de 6.5% del PIB.
Es importante separar ambos fenómenos.
La caída reciente de la fecundidad no explica el incremento del gasto pensionario registrado entre 2017 y 2027. Esa trayectoria responde a obligaciones previamente adquiridas, la transición entre regímenes pensionarios y distintas decisiones de política pública.
La demografía modifica otro componente: las condiciones bajo las cuales deberán financiarse esas obligaciones en las siguientes décadas.
Menos nacimientos hoy pueden significar menos trabajadores mañana
Un niño que no nace en 2024 evidentemente no afecta la recaudación fiscal de 2026 o 2027.
El efecto comienza a aparecer cuando las generaciones menos numerosas alcanzan la edad laboral.
En un horizonte de aproximadamente 15 a 25 años, una reducción sostenida de los nacimientos puede traducirse en menos personas incorporándose al mercado de trabajo respecto de las generaciones anteriores.
Si simultáneamente aumenta la cantidad de adultos mayores, la relación entre quienes generan ingresos laborales y quienes reciben prestaciones asociadas con el retiro se modifica.
El problema adquiere características particulares en México debido a la elevada informalidad: no toda persona ocupada contribuye de la misma manera al financiamiento de los sistemas de seguridad social.
No todas las pensiones se financian de la misma manera
El debate también requiere diferenciar los distintos componentes del sistema pensionario mexicano.
Las pensiones contributivas dependen de los esquemas de seguridad social y de las reglas correspondientes a cada régimen. Las pensiones sociales, por otra parte, se financian mediante recursos presupuestarios provenientes de los ingresos públicos.
Por ello, una reducción de la población laboral futura puede impactar mediante diferentes canales: cotizaciones a la seguridad social, recaudación de impuestos y capacidad general del Estado para financiar programas presupuestarios.
La discusión sobre la sostenibilidad, por tanto, no depende únicamente del número de beneficiarios, sino también de productividad, salarios, formalización laboral, crecimiento económico, recaudación y diseño de los sistemas pensionarios.
Vivir más también cambia la ecuación
La fecundidad representa solamente una parte de la transformación.
Si las personas viven durante más años después de retirarse, los sistemas de pensiones y salud necesitan financiar prestaciones durante periodos más prolongados.
Una economía puede compensar parcialmente el envejecimiento mediante incrementos de productividad, salarios reales, formalización y participación laboral. También pueden modificarse parámetros de los sistemas de retiro o las fuentes utilizadas para financiarlos.
Por eso, una menor cantidad de trabajadores futuros no determina por sí misma que México vaya a ser “más pobre”. Sí modifica las condiciones necesarias para mantener el crecimiento económico y las finanzas públicas conforme cambia la estructura de la población.
La factura demográfica llegará después de la fiscal
México enfrenta dos relojes distintos. El primero ya está corriendo: el gasto en pensiones absorbe una cantidad creciente de recursos públicos. El segundo avanza más lentamente, pero puede modificar la capacidad futura para financiar ese gasto: el envejecimiento demográfico.
Una fecundidad de 1.2 hijos por mujer, si se mantiene en niveles similares durante los próximos años, implicaría generaciones considerablemente menos numerosas llegando al mercado laboral. El efecto no aparecerá mañana, pero las decisiones sobre productividad, formalización, ahorro para el retiro y sostenibilidad fiscal deben tomarse mucho antes de que esas generaciones alcancen la edad de trabajar.
La pregunta relevante no es si México puede pagar las pensiones actuales. Es qué estructura económica y fiscal necesitará para sostener a una población más envejecida cuando haya relativamente menos trabajadores financiando impuestos y seguridad social. Ahí se encuentra el verdadero costo financiero de una transformación demográfica que ya comenzó.
