La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles 14 de octubre de 2026 un decreto para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, mediante nuevas obligaciones relacionadas con la moderación de contenidos, verificación de edad, privacidad y colaboración con las autoridades.
La disposición establece que las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos para identificar y retirar contenidos que promuevan violencia, explotación sexual, ciberacoso, suicidio, autolesiones y otras conductas que representen riesgos para los menores de edad.
Durante la presentación, el Gobierno federal informó que las plataformas tendrán 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar y reportar las acciones adoptadas para cumplir con las disposiciones.
Entre las compañías que participaron en las reuniones con las autoridades se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, cuyos representantes conocieron los alcances de la medida y discutieron aspectos relacionados con su implementación.
Aunque el decreto establece obligaciones para las plataformas, no contempla sanciones directas por incumplimiento. Sin embargo, Sheinbaum advirtió que el Gobierno podría impulsar una legislación con medidas punitivas si las empresas no cumplen.
La decisión representa un nuevo paso en la regulación del entorno digital mexicano, particularmente en aspectos relacionados con la protección de datos personales, la seguridad de los usuarios y la responsabilidad de las compañías tecnológicas.
¿Qué establece el decreto de Sheinbaum para regular las redes sociales?
La nueva disposición busca fortalecer las condiciones de seguridad para niñas, niños y adolescentes que utilizan redes sociales, aplicaciones y otros servicios digitales.
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, el decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta disposición establece responsabilidades del Estado para garantizar el acceso seguro a internet y prevenir situaciones que afecten la integridad, privacidad y dignidad de las personas menores de edad.
El decreto contempla obligaciones relacionadas con el contenido que las plataformas permiten visualizar, los mecanismos de protección disponibles y la cooperación con las autoridades.
¿Qué contenidos deberán identificar y retirar las plataformas digitales?
La regulación contempla medidas para impedir que niñas, niños y adolescentes sean expuestos a contenidos que generen o promuevan:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso y explotación sexual.
- Suicidio y autolesiones deliberadas.
- Trastornos de la conducta alimentaria.
- Violencia escolar y acoso.
- Ciberacoso y hostigamiento digital.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
Las obligaciones no se limitan a la eliminación de publicaciones.
También consideran la exposición y recomendación de contenidos perjudiciales, un aspecto relevante para las plataformas que utilizan algoritmos para seleccionar los materiales que aparecen en los perfiles de sus usuarios.
El objetivo es reducir los riesgos asociados con la circulación y promoción de contenidos que puedan afectar la seguridad y el bienestar de los menores.
Plataformas deberán verificar la edad y clasificar contenidos
Uno de los principales cambios contempla la implementación de mecanismos para identificar la edad de los usuarios.
Las plataformas deberán clasificar sus contenidos por edades y establecer procedimientos de verificación, con el propósito de reducir la exposición de menores a materiales inapropiados.
También tendrán que ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
Estas medidas buscan fortalecer el control sobre las experiencias digitales de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué herramientas deberán ofrecer las redes sociales?
Entre las obligaciones anunciadas se encuentran:
- Clasificación de contenidos por edades: identificar los materiales adecuados para diferentes grupos de usuarios.
- Verificación de edad: implementar mecanismos para determinar si una persona usuaria es menor de edad.
- Supervisión parental: facilitar herramientas para que madres, padres y tutores puedan gestionar determinadas condiciones de uso.
- Sistemas de denuncia: habilitar canales para reportar contenidos que representen riesgos.
- Privacidad predeterminada: activar configuraciones de seguridad y protección de datos desde el inicio.
La información presentada no especifica qué tecnologías deberán utilizar las empresas para verificar la edad.
Tampoco detalla si los procedimientos requerirán documentos oficiales, herramientas automatizadas u otros mecanismos.
Este punto será relevante para evaluar cómo se implementarán las medidas sin comprometer la privacidad de los usuarios.
Privacidad de menores será obligatoria desde la configuración inicial
El decreto también contempla que las plataformas digitales establezcan configuraciones de privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.
Esto significa que los mecanismos de protección deberán encontrarse habilitados desde el inicio, sin depender exclusivamente de que el usuario o sus familiares modifiquen manualmente las opciones de la aplicación.
La medida busca reducir los riesgos asociados con la exposición de información personal.
En el caso de menores de edad, estos riesgos pueden incluir la difusión de datos, la interacción con desconocidos y la exposición a situaciones de acoso.
El planteamiento también introduce nuevas responsabilidades para las compañías que recopilan y procesan información de sus usuarios.
¿Qué implicaciones tiene para las empresas tecnológicas?
La implementación de las medidas podría requerir modificaciones en diferentes procesos operativos de las plataformas.
Entre ellos destacan:
- Sistemas de moderación de contenidos.
- Herramientas de verificación de edad.
- Configuraciones de privacidad.
- Mecanismos de denuncia y atención a usuarios.
- Procedimientos para responder a solicitudes de las autoridades.
- Documentación de las acciones de cumplimiento.
Estas obligaciones podrían implicar ajustes tecnológicos y administrativos.
Sin embargo, el Gobierno federal no presentó estimaciones sobre los costos que enfrentarían las plataformas para implementar el decreto.
Por ello, todavía no es posible determinar su impacto financiero sobre las empresas involucradas.
Meta, Google, TikTok, Apple, Microsoft y X participaron en reuniones con el Gobierno
Durante la presentación del decreto, Luisa María Alcalde Luján, identificada en la información difundida como consejera jurídica de la Presidencia, explicó que representantes de distintas compañías tecnológicas participaron en conversaciones con el Gobierno federal.
Las empresas mencionadas fueron:
- Meta.
- Microsoft.
- Apple.
- TikTok.
- Google.
- X.
Las reuniones tuvieron como finalidad presentar los alcances de la disposición y discutir aspectos relacionados con su implementación.
La participación de estas compañías no significa necesariamente que hayan expresado su respaldo a todas las medidas.
La información disponible tampoco detalla compromisos individuales asumidos por cada empresa.
No obstante, su participación resulta relevante debido a la presencia que mantienen en diferentes segmentos del mercado digital mexicano.
Redes sociales deberán colaborar con autoridades de seguridad
Otro componente del decreto corresponde a la cooperación entre las plataformas digitales y las autoridades encargadas de investigar posibles delitos.
La disposición contempla que las empresas establezcan mecanismos para atender requerimientos de información y preservar elementos relevantes para las investigaciones.
También deberán alertar a las autoridades cuando identifiquen contenidos que representen amenazas contra la vida.
¿Qué obligaciones tendrán ante investigaciones?
De acuerdo con la información presentada, las plataformas deberán:
- Establecer un punto de contacto para atender solicitudes de las autoridades.
- Preservar evidencia relevante para investigaciones.
- Entregar información conforme a los requerimientos legalmente procedentes.
- Alertar sobre contenidos que representen amenazas contra la vida.
Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a menores de edad.
La implementación deberá realizarse dentro del marco jurídico aplicable, particularmente en materia de protección de datos personales y procedimientos de investigación.
El decreto no implica que cualquier solicitud de información pueda realizarse al margen de los requisitos legales correspondientes.
¿Cuánto tiempo tienen las plataformas para cumplir el decreto?
El Gobierno federal estableció un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la disposición para que las empresas documenten e informen las acciones implementadas.
Durante este periodo deberán preparar los mecanismos correspondientes y presentar información sobre su cumplimiento.
Es importante distinguir entre la fecha de firma del decreto y su entrada en vigor.
La información difundida no precisa la fecha de publicación oficial ni la disposición transitoria que determina cuándo comenzará a correr el plazo.
Por lo tanto, no debe asumirse que los 30 días comienzan automáticamente el 14 de octubre.
Agencia de Transformación Digital supervisará las medidas
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno dará seguimiento al cumplimiento mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El organismo participará en la revisión de las acciones adoptadas por las empresas.
La supervisión permitirá conocer si las plataformas implementan los mecanismos de protección establecidos.
Sin embargo, el alcance operativo de las revisiones dependerá de las disposiciones aplicables y de los procedimientos que se establezcan para verificar el cumplimiento.
¿Habrá multas para Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas?
Uno de los aspectos más relevantes es que el decreto no establece un esquema directo de multas o sanciones económicas por incumplimiento.
Durante la presentación, las autoridades señalaron que la disposición tiene carácter obligatorio, pero no incorpora por sí misma un régimen punitivo específico.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si las plataformas no cumplen con las medidas, el Gobierno podría promover una legislación adicional.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, señaló.
Esto significa que no se anunciaron multas específicas ni porcentajes de sanción asociados con el decreto.
Cualquier esquema adicional tendría que desarrollarse mediante el procedimiento jurídico correspondiente.
¿Qué pasaría si las empresas no cumplen?
De acuerdo con la postura expresada por el Gobierno, el incumplimiento podría motivar una propuesta legislativa que establezca consecuencias específicas para las plataformas.
No obstante, todavía no existe información sobre:
- Montos de posibles multas.
- Criterios para determinar infracciones.
- Procedimientos sancionadores.
- Plazos de aplicación de una eventual legislación adicional.
Por tanto, cualquier estimación sobre futuras sanciones sería prematura.
Gobierno también contempla acciones de salud mental y prevención
El decreto no se limita a establecer responsabilidades para las empresas tecnológicas.
La información presentada también contempla medidas de coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud.
Entre las acciones previstas se encuentran campañas de información sobre salud mental y uso consciente de redes sociales.
También se contempla facilitar el acceso a orientación y apoyo psicológico mediante la Línea de la Vida.
Estas medidas buscan complementar las herramientas tecnológicas con acciones preventivas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias.
¿Por qué México busca fortalecer la regulación de las redes sociales?
La decisión del Gobierno federal ocurre en medio de una discusión internacional sobre los riesgos asociados con el uso de plataformas digitales durante la infancia y la adolescencia.
El 13 de octubre, la revista científica The Lancet presentó una serie de investigaciones sobre los Determinantes Digitales de la Salud, en la que se analiza cómo el diseño de las plataformas, los modelos publicitarios y la recopilación de datos pueden influir en el bienestar de la población.
El análisis plantea que la protección de menores no debe depender exclusivamente del tiempo que pasan frente a una pantalla.
También considera necesario evaluar las características de los servicios digitales y los incentivos comerciales que orientan su funcionamiento.
En México, la organización civil El Poder del Consumidor llamó a establecer obligaciones claras para las plataformas, proteger los datos personales y limitar la exposición de menores a contenidos y publicidad perjudiciales.
Aunque la publicación científica y el decreto son iniciativas distintas, ambos forman parte del debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los riesgos de los entornos digitales.
Regulación de redes sociales en México: nuevas responsabilidades para las empresas
La firma del decreto representa un cambio en las exigencias planteadas a las plataformas digitales que operan en México.
Las compañías deberán establecer mecanismos de protección relacionados con contenidos, privacidad, verificación de edad y cooperación con las autoridades.
También tendrán que documentar las acciones implementadas dentro del plazo establecido a partir de la entrada en vigor de la disposición.
El Gobierno federal optó inicialmente por un esquema obligatorio sin sanciones directas, aunque dejó abierta la posibilidad de impulsar una ley con multas si considera que las empresas no cumplen.
Para las plataformas, el principal desafío será adaptar sus procedimientos de seguridad y moderación sin comprometer los derechos de privacidad de los usuarios.
La efectividad del decreto dependerá de su implementación, de los mecanismos de supervisión y de la capacidad de las autoridades para verificar que las medidas realmente reduzcan los riesgos para niñas, niños y adolescentes.
